San Sebastián, 18 ene (EFE).- Ángel Crespo y Victoria Ferrer, el matrimonio responsable de la inmobiliaria donostiarra Urbancasa, han sido condenados hoy a nueve años y once meses de prisión como autores de distintas operaciones de compraventa fraudulenta de inmuebles con 44 perjudicados y 1,2 millones de euros estafados.
La sentencia emitida por la Sección Primera de la Audiencia de Guipúzcoa considera a ambos responsables de un delito continuado de estafa en las modalidades agravadas de vivienda, especial gravedad por el valor de la defraudación y abuso de relaciones personales.
Los encausados, que también han sido inhabilitados para la práctica de su profesión, deberán abonar una multa de 9.762 euros, además de compensar a los perjudicados con distintas cantidades que suman un total de 1.245.270 euros, más los correspondientes intereses legales.
El documento judicial considera a los procesados responsables de una treintena de actuaciones inmobiliarias fraudulentas cometidas en Urnieta (Guipúzcoa) y en las localidades navarras de Ablitas, Murchante, Caparroso, Lesaka, Valtierra, Lekunberri, Dicastillo y Tulebras.
Tras descubrirse su actividad fraudulenta, los inculpados permanecieron en paradero desconocido hasta que, la madrugada del 23 de octubre de 2007, fueron detenidos en un control de instalado en L'Aldea (Tarragona).
La operación de mayor gravedad por el número de afectados, 23, fue una promoción junto a la laguna de Lor, en Ablitas, donde los procesados pretendieron construir en 2004 un total de 60 "casitas de ocio" repartidas en parcelas sobre una superficie de 84.679 metros cuadrados.
Esta promoción nunca fue levantada porque, según la sentencia, los imputados no llegaron a adquirir los terrenos y carecían del pertinente permiso de construcción que les fue denegado por el Gobierno de Navarra, ya que la zona era suelo no urbanizable.
El documento judicial aclara que, a pesar de que en estas condiciones la obra resultaba "inviable", los responsables de Urbancasa suscribieron con los interesados un documento de reserva a cambio de diferentes cantidades de dinero y, posteriormente, un contrato privado de compraventa, con los que se embolsaron casi 300.000 euros.
Como el tiempo transcurría sin que la obra avanzara, los compradores reclamaron la devolución del dinero, pues la información que les llegaba desde el Ayuntamiento de Ablitas era que, "a pesar de las múltiples promesas de los acusados, la promoción "no se iba a llevar a efecto".
Los perjudicados se toparon entonces "con múltiples excusas y dilaciones de los acusados" que, aunque restituyeron una pequeña parte de las cantidades percibidas y emitieron varios cheques y pagarés sin fondos para sobrellevar la situación, finalmente cerraron la oficina de la inmobiliaria y desaparecieron.
Paralelamente, se descubrieron otros casos de estafas inmobiliarias, como el de una pareja a la que los acusados habían ofrecido una vivienda en unos terrenos de Lesaka sin indicarles "en ningún momento" que no eran dueños de la parcela sobre la que se iba a construir y que carecían de la correspondiente licencia para ello.
Para hacer frente a los pagos de esta falsa vivienda, los perjudicados suscribieron un préstamo de 150.000 euros, que aún hoy les obliga a realizar pagos mensuales y que seguirá vigente hasta el año 2048.
La sentencia cita también la venta como vivienda de un local de Urnieta (Guipúzcoa) que carecía de permiso de habitabilidad a tres compradores distintos.
El escrito judicial detalla asimismo otras operaciones fraudulentas de similares características realizadas por los procesados en Murchante, Caparroso, Valtierra, Lekunberri, Dicastillo y Tulebras. EFE